- La nueva Ley de Ciberseguridad en México otorga poderes excesivos al gobierno para monitorear las actividades en línea de los ciudadanos, socavando gravemente la privacidad digital.
- La militarización del internet es espionaje disfrazado de justicia.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos CMDH, A.C. expresa su profunda preocupación ante el proyecto de Ley Federal de Ciberseguridad impulsado por MORENA, el cual se pretende votar hoy 28 de febrero, bajo una serie de problemas de opacidad, en la cual plantea la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad bajo el control del Poder Ejecutivo. Esta propuesta, en lugar de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, representa un peligroso paso hacia la militarización del internet y un potencial instrumento de espionaje bajo el disfraz de la justicia.
Uno de los aspectos más inquietantes de esta iniciativa es la exigencia a los proveedores de servicios de comunicación y contenido de internet de brindar información sobre los usuarios. En México, donde aproximadamente el 80.8% de la población, cerca de 96.8 millones de personas, utiliza internet, esta medida tendría un impacto significativo en la privacidad y seguridad de los ciudadanos.
Es crucial señalar que México se enfrenta a una creciente amenaza cibernética, con un alarmante número de intentos de ciberataques registrados en los últimos años. Sin embargo, las soluciones propuestas hasta ahora parecen centrarse en la militarización y la vigilancia en línea, en lugar de implementar mecanismos efectivos que protejan los datos y derechos de los usuarios.
La creación de un padrón de información de ciberdelitos, como lo contempla la Ley Federal de Ciberseguridad, plantea graves riesgos para la privacidad y libertad de expresión. Facultar a entidades como el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República de vigilancia, espionaje e intervención de comunicaciones privadas bajo la sospecha de actividades ilegales, así como acceder a la información de los internautas y eliminar contenido de manera discrecional, constituye una clara vulneración de los derechos fundamentales.
En este sentido, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos insta a las autoridades a reconsiderar esta ley y buscar alternativas que promuevan la ciberseguridad sin menoscabar las libertades individuales. Es imprescindible garantizar un marco legal que proteja la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información en el ciberespacio, sin recurrir a medidas autoritarias que pongan en riesgo la vigilancia masiva y censura en línea al establecer disposiciones vagas y ambiguas que podrían interpretarse de manera abusiva.