La Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. como organismo de la sociedad civil alienta a que la votación que realizará hoy lunes 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa, sea apegada a la defensa de los derechos humanos y no a mandatos del Poder Ejecutivo.
Por este motivo la CMDH, a través de su presidente, René Bolio, hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendientes de las resoluciones que dictamine la SCJN ya que en nuestro país contamos con un Sistema Judicial deficiente y, en ocasiones, corrupto, llevando a personas inocentes a prisión.
En la conferencia de prensa del viernes 2 de septiembre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se opuso abiertamente a la eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa PPO mencionando que los delincuentes saldrían de la cárcel, siendo esto una falacia, recordemos que existe dentro de estas medidas cautelares la Prisión Preventiva Justificada (PPJ) que se da después de que los jueces consideran otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que imputado tenga presencia en el juicio, para la protección de la víctima o bien de los testigos, la CMDH considera que la (PPO) es violatoria a los derechos humanos ya que es ir a prisión de manera automática solamente con la acusación del Ministerio Público aún sin pruebas suficientes, violando así la presunción de inocencia, reconocemos que el sistema de justicia está rebasado y es insuficiente para la población que se encuentra en la cárcel esperando una sentencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a esta discusión en medio de la presentación del caso “García Rodríguez y Reyes Alpízar vs México” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José de Costa Rica, caso emblemático que se relaciona con los artículos 18 y 19 de la Constitución que acarreó con las violaciones al debido proceso y a la libertad de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años sin sentencia que los condenara.
Aunado a que la presidencia defiende la figura de la PPO y está por concretar la militarización buscando que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional argumentando la seguridad interior, sumando a esto el incremento de presupuesto, tareas y facultades del Ejército Mexicano.
La CMDH exige al Poder Ejecutivo que se abstenga de amenazar a los ministros de la SCJN y que mejore los protocolos para la impartición de justicia, especialmente las policías y fiscalías a su cargo. Demandamos a los ministros de la SCJN que atiendan al interés superior de los mexicanos y ejerzan su autonomía en favor de los derechos humanos y de la justicia, cumpliendo con los convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional.
